La república bananera que alguna vez concibió en un sketch Alberto Olmedo, se hizo realidad en Salta, un obispo de la Iglesia Católica, tres funcionarios de segunda línea y un gobernador convirtieron lo ilegal en legal. En una reunión con “trabajadores de frontera”, el eufemismo con el que se nombra a los contrabandistas de mercadería, se decidió legalizar el tráfico de mercadería comprada en otro país para ser comercializada en territorio nacional y junto con él al narcotráfico.
El norte de la provincia de Salta estuvo paralizado por un piquete de “bagayeros” o trabajadores de frontera, sobre la ruta 50, que exigían que la Gendarmería les permitiera continuar con una actividad que no sólo es ilegal sino que perjudica gravemente al comercio local, el principal generador de trabajo de toda la provincia, estamos hablando claramente del “contrabando”.
La Gendarmería se trasladó hacia el lugar del corte para desalojar la ruta, tal como establece la ley, pero el gobernador Juan Manuel Urtubey y el obispo intervinieron para que los contrabandistas continúen agregándole un delito más a su actividad: el corte de ruta.
Esta mañana el conflicto tomó ribetes tragicómicos, mientras vencían los plazos de los pagos impositivos para aquellos comercios legalmente constituido, el Estado nacional, por pedido del mandatario provincial decidió escupirles en la cara a los que rezaban delante de sus contadores que la fecha tributaria límite no se lleve sus magras ganancias. Se les otorgará un carnet de “trabajador de frontera” una suerte de patente de corso glorificada que les permitirá traer mercadería ilegal desde Bolivia, que llenará sus bolsillos y el de cientos de ilegales que trabajan pacientemente para destruir el comercio no sólo de Salta y del resto del Noa.
No es un detalle mencionar que Abel Cornejo reconoció, hace un tiempo, que el 95% de la droga que ingresaba en la Argentina lo hacía a través de Orán. El diputado Marcelo Astún fue menos dramático y dijo que sólo el 70% de la droga que se consume en el país ingresa por su ciudad de origen.
Sin atender a esta situación, Gobernador reconoció que se les pedirá cumplir con “algunos requisitos de la importación”, es decir que tal vez mañana a los narcotraficantes les prohíban traficar “algunas drogas” o a los asesinos se les pidan “matar sólo algunas personas”.
El colmo llegó hoy a la tarde, cuando el intendente de Orán, Marcelo Lara Gros, aseguró que “no todo es contrabando, para que sea contrabando hay que superar una cantidad de mercadería, que no se cual es”. Dos cuestiones, primero ¿el principal negociador del conflicto en una ciudad de frontera no debería conocer sobre las leyes de ingreso y egreso de mercadería? Segundo: Para ayudar al intendente le informamos que se puede ingresar al país hasta 300 dólares por persona, siempre y cuando esa mercadería sea para consumo propio y no para comercializar, importar mercancías para reventa requiere de una inscripción especial y un despachante de aduanas que haga los trámites. Al menos eso era hasta hoy, cuando las autoridades decidieron reírse en la cara de las leyes nacionales.
