El juez de la Sala III del Tribunal de Impugnación de Salta, Eduardo Barrionuevo, autorizó a las personas privadas de libertad en el ámbito de la provincia de Salta a utilizar telefonía celular durante ocho horas semanales para que puedan comunicarse con sus familiares o allegados. La decisión se tomó a instancias de la Asociación Pensamiento Penal, que presentó un habeas corpus correctivo, colectivo en procura de mejorar las condiciones de detención en el marco de la pandemia, cuando las cárceles restringieron las visitas.
En el segundo punto de su resolución, el juez dispuso que la autorización entrará en vigencia en el quinto día de notificada y será aplicable a los diez establecimientos penitenciarios que tiene la Provincia. Hasta ahora la única dependencia que permite el uso de teléfonía celular es la Granja Penal de Cerrillos, donde se encuentran los penados ya próximos a acceder a un régimen de libertad. La decisión judicial se conoció el viernes último y ese mismo día fue notificada a la Provincia.
En el tercer punto el magistrado ordenó a Subsecretaría de Políticas Penales de la Provincia que "establezca un Protocolo para el Uso de Teléfonos Celulares por parte de Personas Privadas de Libertad en el ámbito de la Provincia de Salta", que "deberá respetar los postulados del apartado 17 de los considerandos y ser presentado a este Tribunal dentro de los 5 (cinco) días de notificada la presente".
En los considerandos se aclara que se autoriza es para que los familiares y allegados "que hubieran estado autorizados durante alguno de los períodos 2018, 2019, 2020" a visitar a las personas detenidas les provean de teléfonos celulares que podrán usar hasta por ocho horas semanales "en espacios con supervisión". Y se indica también que en el caso de los detenidos nuevos, este serán habilitadas las personas con derecho a visitarlos. Como requisitos de seguridad, el magistrado estableció que los aparatos que ingresen a los penales "deberán ser registrados con indicación de marca, modelo, número de identificación internacional (IMEI), número de tarjeta de identificación del abonado (Chip), la persona propietaria del dispositivo móvil y de la línea y la persona que lo proveyó, así como el registro fotográfico digital de su estado de conservación".
Además, el juez exhortó a la Subsecretearía de Políticas Penales a establecer un Cómite de Expertos de distintas áreas, con participación, entre otros, de representantes del Poder Judicial y de los Ministerios Públicos Fiscal, de Defensa e Incapaces y de asociaciones de defensa de víctimas, para que "definan un protocolo para la utilización de equipos tecnológicos de comunicación, tal como lo propone el Ministerio Público Fiscal".
