En una extensa sesión de diez horas, con críticas de la oposición a los últimos acontecimientos en la Cámara baja en torno al vencimiento del protocolo de funcionamiento virtual y el tratamiento de la reforma judicial, el Frente de Todos impuso su mayoría en el Senado y le dio media sanción al DNU de Alberto Fernández que declara servicios públicos a la telefonía, internet y la televisión paga. Fue por 46 votos a favor y 26 en contra de la bancada de Juntos por el Cambio, y el decreto deberá ahora ser aprobado definitivamente en Diputados.
El 21 de agosto, el Presidente anunció cuando caía el día a través de su cuenta de Twitter que se congelaban hasta el 31 de diciembre las tarifas de telefonía celular y fija, los servicios de acceso a Internet y la TV paga, y los declaró servicios públicos esenciales. De este modo, las empresas que prestan estos servicios no podrán en el futuro aumentar los precios a sus clientes sin contar con una autorización previa del Estado.
“De esta manera estamos recuperando herramientas regulatorias que el gobierno anterior quitó al Estado. El derecho de los usuarios y consumidores es un derecho constitucionalmente reconocido. En lo sucesivo, no podrá haber ningún aumento sin la previa aprobación del Estado”, indicó el jefe de Estado.
El DNU 690/20 establece modificaciones a la ley 27.078 de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) e incorpora un artículo a esa norma a través del cual otorga el “carácter de servicio público en competencia” para los servicios de las TIC y el acceso a las redes de telecomunicaciones “para y entre” sus licenciatarios. Asimismo, determina que la autoridad de aplicación -el Ente Nacional de Comunicaciones- “garantizará su efectiva disponibilidad”.
Apenas se oficializó, la medida generó rechazo en el sector de las telecomunicaciones, que se unió para publicar un texto conjunto en el que acusaron al Gobierno de dictar un decreto innecesario e injustificado. Aseguran que, de esta manera, las autoridades nacionales están interviniendo en el sector.
“Cuesta entender la razón de tan innecesaria e injustificada decisión tomada unilateralmente, cuando el Congreso de la Nación se encuentra sesionando, y el sector ha mantenido un diálogo permanente con el Poder Ejecutivo desde la declaración de emergencia sanitaria. Existe un acuerdo suscripto con el Gobierno, vigente hasta el 31 de agosto, y en un diálogo constante hasta el inesperado anuncio por parte de las autoridades. Un cambio de reglas así hubiese merecido un profundo debate con participación de todo los involucrados”, sostuvieron.
