Vladimir Putin ya causó un daño político enorme a Alberto Fernández que apoyó su primer plan masivo de vacunación contra el COVID-19 en las diez millones de dosis de la Sputnik V que el líder ruso prometió enviar entre el 1 de enero y el 28 de febrero. Esas dosis no llegarán acorde a lo establecido en el contrato firmado por la Argentina y el Fondo Ruso de Inversión Directa, y la razón de la demora es muy fácil de explicar: todavía no han sido fabricadas por las plantas farmacéuticas que reciben órdenes directas del Kremlin.
El Presidente cumplió con todos los pasos comerciales, políticos e institucionales a su alcance. Firmó los contratos, depositó los millones de dólares prometidos, alistó los aviones de Aerolíneas Argentinas, autorizó el uso de la vacuna a través de la ANMAT y el Ministerio de Salud, envió dos comitivas oficiales a Moscú para explicar sus necesidades sanitarias y preparó un plan de alcance nacional sin hacer diferencias partidarias.
Sin embargo, Alberto Fernández cometió un error implacable: confió en Putin, un presidente que condiciona el valor de la palabra a sus propios intereses geopolíticos.
La asesora presidencial Cecilia Nicolini y la secretaria de Salud, Carla Vizzotti, que viajaron a Moscú por instrucción directa de Balcarce 50, ayer fatigaron sus celulares, su servicio de WhatsApp y dialogaron vía zoom con los responsables comerciales de la vacuna Sputnik V para tener un cuadro de situación.
Al otro lado del mundo, en las oficinas del Fondo Ruso de Inversión Directa, los gerentes de la nomenclatura del Kremlin reconocieron a Nicolini y Vizzotti que no podían cumplir con los embarques previstos para enero y febrero.
“Que manden lo que tengan, lo que puedan”, fue la instrucción directa de la Casa Rosada, trasmitida sin demoras a los negociadores de la vacuna Sputnik V.
Y la respuesta desde Moscú no se hizo esperar: “De acuerdo. Pero hoy (por ayer) no envíen el avión. Nosotros le avisamos”.
