La Cámara de Diputados dio anoche el primer paso para intervenir el Ejecutivo municipal de Aguaray, cuyo intendente, Jorge Enrique Prado, está imputado por el robo de 35 kilómetros de caños del gasoducto del NEA. En su lugar designarán a un comisionado interventor hasta las elecciones provinciales del año 2021.
El caso del robo fue denunciado por los micrófonos de FM Capital en abril, y desde entonces tuvo una gran repercusión a nivel local y nacional.
El proyecto es de autoría del legislador del Frente de Todos, “Rana” Villa, quien recordó que el pedido de intervención al municipio fue realizado en el mes de marzo, incluso antes del inicio de las sesiones ordinarias.
"Apenas tomamos conocimiento de la situación del municipio de Aguaray, hemos decidido presentar el pedido porque claramente allí había sucedido algo de una gravedad bastante importante, no solamente por el desfalco al Estado sino también por lo que significaba esta mega obra”, expresó.
Señaló que desde el Concejo Deliberante iniciaron un proceso de juicio político pero como la carta orgánica no permite la destitución salvo en casos de mayoría agravada, no se logró hacerlo. “No solo le hace un daño al Estado, le hace un daño a la democracia a la política. Por culpa de funcionarios como Prado, la sociedad toda nos castiga a la política y a toda la democracia”.
La medida, que ahora deberá aprobar el Senado y convalidar el Ejecutivo, fue dispuesta en función de lo que dispone el inciso 2 del artículo 179 de la Constitución provincial: para normalizar una situación de crisis o gravedad institucional.
