Esta semana imputarán al intendente de Rosario de la Frontera, Gustavo Solís, por incumplimiento de los deberes de funcionario público (3 hechos), fraude a la Administración Pública, y cohecho.
El jefe comunal deberá comparecer en los próximos días en la audiencia de imputación.
La imputación, aún de carácter provisional retoma las observaciones del informe elevado al Ministerio Público Fiscal de Salta por la Auditoría General de la Provincia, en la que se mencionaba que existían diversas irregularidades en el período 2017, escribió Opinorte.
Según el requerimiento de la fiscalía, el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario se habría dado al momento en el que Solís, en ejercicio de sus funciones como intendente contrató a la señora Mirta Verónica Corimayo, en clara violación de la normativa que impide la contratación por parte del Estado de personas físicas o jurídicas afectadas por medidas judiciales cautelares que afecten su solvencia o capacidad de contratación, las cuales fueron debidamente informadas al intendente según dos expedientes.
También en este punto el MPF señala la posibilidad de que con esta contratista se haya obviado la prevención de lavado de dinero.
Corimayo contaba con juicios ejecutivos en trámite que le fueron notificados a Solís, ordenándole trabar embargo preventivo por una suma superior a los 100 mil pesos de cualquier pago que debiera efectuarse a esta contratista, requerimiento que la comuna aparentemente omitió. También en este sentido, se supo que existían facturas duplicadas por distintos importes, configurándose aquí un posible fraude al estado.
Entre las cuestiones mencionadas, una de las constantes que había relevado la Auditoría era la modalidad de pago mediante cheques de hasta cincuenta mil pesos, pese a que se trataba de grandes montos, a modo de que cualquier persona pueda cobrarlos, perdiéndose de esta manera la trazabilidad del dinero.
En el caso de la Fundación Sagrado Corazón, el municipio lo habría contratado para la realización de obra pública cuando la misma no registraba empleados. Walter Mario Succi, presidente de la Fundación también denunció hace menos de dos semanas a Solís en la Comisaría 1ra de la Ciudad de Salta. En su exposición, que fue adjuntada a la investigación que lleva adelante la fiscalía, Succi manifestó haberse presentado a declarar solicitando “ser incluido como arrepentido en el marco de la legislación vigente” y reconoció que él y Solís mantuvieron una conversación en el despacho del intendente que se hizo viral. Si bien no menciona la palabra “coima o retorno”, Succi habló de un ofrecimiento del intendente para que a través de la fundación mencionada llevara a cabo algunas obras dentro del municipio y reconoció “irregularidades” en el mismo.
Succi además de asegurar que el intendente retenía más de 100 pesos por metro de pavimento, mientras a la fundación le otorgaban $20, reconoció que la obra se hizo con personal municipal y con maquinaria de esa comuna. En este punto, además del fraude se configuraría el delito de cohecho.
Otro de las circunstancias denunciadas que se le imputan a Solís y que informó el portal Saltaalavista, versa sobre la contratación del señor Pablo Nicolás González quien no se encontraba inscripto en el registro de contratistas de la Provincia y quién además al momento de estas operaciones se había presentado en concurso preventivo en uno de los juzgados de Quiebras y Sociedades de la Justicia local.
