Las imputaciones, formalizadas en una audiencia que se extendió por más de tres horas, fueron solicitadas por el Fiscal Federal, Ricardo Toranzos, titular del Área de Investigación y Litigación de Caso Complejos, quien al presentar el caso expuso elementos de pruebas contundentes en contra de los acusados.
Dada la magnitud del caso, tanto por la cantidad de imputados, la investiduras de los mismos, sus lugares de residencia, como así también de sus defensores y, en especial, el contexto de pandemia reinante, el fiscal resaltó la labor y profesionalismo de los responsables de la Oficina Judicial de Salta, quienes tuvieron a cargo la coordinación técnica de la audiencia.
Acto seguido, y luego de las trámites de rigor supervisados por el juez federal de Garantías, Julio Bavio, el fiscal Toranzos sostuvo que la investigación se inició a partir de una noticia criminis, la cual fue difundida el 23 de julio y hacía referencia a la investigación de periodistas de la radio FM Noticias, la que puso en evidencia el cobro irregular del Ingreso Familiar de Emergencia por parte de distintos funcionarios público, la mayoría de ellos concejales de distintas localidades de la provincia.
En función de ello, se llevó adelante diversas diligencias tendientes a verificar tal revelación, para lo cual se requirió informes a la oficina central de ANSES, organismo que entregó un detallado reporte sobre las personas que habrían cobrado de manera irregular dicho beneficio.
Posteriormente, se solicitó al juez de garantías interviniente, una segunda diligencia que permitió a los investigadores del Área de caso Complejos y No Penal, verificar en las mismas oficinas de la ANSES el camino virtual que realizaron los sospechados a fin de cobrar el IFE.
Asimismo, se refirió a otras pruebas producidas, entre ellas cotejos requeridos a la AFIP respecto a los ingresos de los acusados y sus empleadores, como así también señaló Toranzos que aún se encuentran pendientes otras medidas de pruebas que, una vez concluida, permitirán conocer más detalles de los trámites realizados por los imputados.
El beneficio
Resaltó el fiscal la importancia del IFE, el cual fue puesto en vigencia a partir del decreto de Necesidad y Urgencia 310 de 2020, el cual habilitó el pago excepcional de un monto de 10 mil pesos para personas que, debido a la pandemia decretada por la Organización Mundial de la Salud, habían resultado afectadas por las medidas sanitarias que adoptaron por este motivo.
El beneficio estaba dirigido a personas que se vieron con graves dificultades para cubrir las necesidades básicas de su familia, en especial aquellos que tenían ingresos precarios, monotributistas de baja categoría y empleadas de casas particulares, entre otras.
El mismo decreto, y las reglamentaciones posteriores pusieron la responsabilidad del pago de dicho beneficio, como del respectivo control en la ANSES, organismo que, a su vez, dispuso en detalle quiénes serían los beneficiarios, los requisitos, el trámite del mismo y el medio de pago.
Toranzos indicó que la disposición del beneficio estaba claro, sin embargo, los acusados, lejos de cumplir con el juramento realizado al asumir en la función pública, se aprovecharon de este beneficio, el cual cobraron en muchos casos en dos ocasiones.
Señaló que las pruebas producidas dejaron en claro no sólo los trámites que realizaron, sino el medio por el cual cobraron irregularmente tal beneficio sin importarle que tal subsidio, que significó un desprendimiento importante de los fondos del Tesoro Nacional, estaba dirigido en realidad a las personas más vulnerables.
Al identificar uno por uno a los imputados (ver lista de imputados abajo), el fiscal señaló el medio de pago por el cual los acusados percibieron los pagos del IFE, como así también señaló el sueldo que percibía cada uno de ellos, sumas que oscilaban entre los 20 y 60 mil pesos.
Estos montos, correspondientes a haberes, eran pagados por la Provincia, siendo estas las principales razones para no cobrar el IFE, el cual exigía que el beneficiario no tuviera relación de dependencia ni tampoco ingresos propios. “Se trata de un hecho repudiable desde todo punto de vista”, destacó el fiscal.
En función de ello, Toranzos solicitó que los acusados, sean imputados por los delitos de defraudación a la administración pública e incumplimiento de deberes de funcionario público, como así también solicitó un embargo para cada uno por la suma de 100 mil pesos a fin de cubrir los daños causados y las costas del proceso.
Respecto a las medidas de coerción, el fiscal requirió, por ahora, el compromiso de los acusados de someterse al proceso y no obstaculizar la investigación penal en curso, para la cual pidió un plazo de 30 días hábiles, en vista de lo avanzado del caso.
Resolución
En su turno las defensas, tanto oficial como particular, coincidieron en rechazar el monto del embargo, el cual consideraron excesivo, como así también solicitaron un plazo de investigación de 90 días, en vista de que muchos de los acusados reservaron su declaración para otra etapa del proceso.
Asimismo, muchos de los acusados, a través de sus defensas, informaron que ya restituyeron el dinero percibido a través del IFE, uno de ellos, por ejemplo, señaló que el trámite fue realizado por su ex pareja, sin su consentimiento, por lo cual al tomar conocimiento del cobro del mismo, decidió adquirir mercadería que entregó a un comedor de su localidad.
Al momento resolver los distintos plante, en tanto, el juez dispuso primero término formalizar la imputación penal tal como lo requirió la fiscalía, pues consideró que el caso presentado es bastante “sólido y provisto de numerosa prueba documental”, no obstante y respecto al plazo de investigación optó por que el mismo sea de 90 días, mientras que redujo el embargo a la suma de 60 mil pesos.
Lista de imputados
Lista de imputados:
1. Jesús Ernesto Cuellar, concejal de Urundel.
2. Luis Carlos Coronel, concejal de El Carril.
3. Paola Sandra Cantarella, concejal Pichanal.
4. Maria Del Valle Torres, concejal de Rivadavia banda Norte.
5. Fernando Leandro Gerónimo, concejal de Payogasta.
6. Gabriela Elizabeth Cazón, concejal de Aguas Blancas.
7. Franco Marcelo Córdoba, concejal de San Antonio de los Cobres.
8. Melisa Mónica González, concejal de San Lorenzo.
9. Luis Alberto Hosel, empleado del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación
10. Marta Beatriz López, concejal de Orán.
12. Ricardo Alberto Díaz, concejal de Colonia Santa Rosa.
12. Nicolasa Maraz, concejal de Los Toldos.
13. Nancy Valeria Quiroga, concejal de Santa Victoria Oeste.
14. Jimena Antonieta Ordóñez, concejal de Agauray.
15. Javier Hector Chauqui, concejal de Angastaco.
16. Alexandra Ludmila Borujow, concejal de El Quebrachal.
17. Hector Rogelio Fernández, concejal de El Quebrachal.
18. Ninfa Noemí Rojas, concejal de El Quebrachal.
