El fiscal Ramiro Ramos Ossorio representó al Ministerio Público en el juicio contra nueve trabajadoras de la casa hogar “Casita Feliz”, ubicada en la ciudad de Salta, acusadas de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Durante la audiencia, se solicitó una pena mayor para Marta Alicia Guillén, ex coordinadora del dispositivo, quien finalmente fue condenada a 2 años de prisión condicional, 4 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y deberá cumplir reglas de conducta, incluyendo capacitación en derechos de infancia.
Otras cinco operadoras también fueron condenadas a 1 año y 6 meses de prisión condicional, con 3 años de inhabilitación y las mismas reglas de conducta.
En cambio, tres de las acusadas fueron absueltas por el beneficio de la duda.
