La Fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia mediante trámite abreviado, en la que el exintendente de Animaná, Ignacio Vicente Condorí, fue condenado por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Tras reconocer su culpabilidad, Condorí fue sentenciado a dos años de prisión de ejecución en suspenso e inhabilitación para ejercer cargos electorales.
La investigación comenzó a partir de la denuncia formulada por el jefe comunal del municipio ubicado en el departamento San Carlos, José Rolando Guaimás (quien ayer fue condenado por condenado la pena de dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional e inhabilitación absoluta perpetua por ser autor del delito de peculado), por un hecho ocurrido durante 2015, cuando Condorí ejercía el cargo de intendente.
Según consta en las actuaciones, Guaimás fue intimado en marzo de 2016 por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para informar sobre el subsidio institucional, destinado a financiar el equipamiento del Centro de Integración Comunitaria. Debía remitir documentación respaldatoria de la inversión.
Ante la inexistencia de los fondos o constancias, Guaimás citó a Condorí, quien primero desconoció el dinero referido, luego aceptó la existencia de constancias de retiro del Banco y sugirió al denunciante que “el problema podía solucionarse contablemente, sin que saliera a la luz de los medios o se hiciera una denuncia penal, devolviendo el dinero y asentando como que nunca había salido del municipio”, lo que fue rechazado por el intendente. Finalmente, Condorí reintegró el dinero, para lo cual se labró un acta.
