En el primer año del gobierno de Alberto Fernández en el poder, Argentina empeoró su posición en el ranking anual de la organización no gubernamental Transparencia Internacional (TI) que mide cómo es percibida la corrupción en el Estado, según expertos, inversores y empresarios. Nuestro país descendió 12 lugares, al pasar del puesto 66 en el ranking de 2019 al 78 el último año, entre los 180 países medidos por TI para la elaboración del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2020.
Este descenso en el ranking se da después de que, en el último año de la gestión de Mauricio Macri, Argentina escalara 19 posiciones en el Índice 2019 y tuviera su mejor desempeño desde 2012.
En el IPC 2020 que difundió hoy la organización líder en la lucha contra la corrupción a nivel global, Argentina obtuvo 42 puntos sobre 100 máximos posibles, 3 menos que en 2019. En la escala utilizada, 0 puntos implican que un país es percibido como muy corrupto, y 100 puntos corresponden a aquellos con corrupción inexistente.
Con este puntaje, Argentina se ubica justo por debajo del promedio global en materia de percepción de corrupción que, al igual que el año pasado, es de 43 puntos, y continúa entre los dos tercios de los países que no alcanzan los 50 puntos sobre el máximo de 100, de acuerdo al indicador de TI.
La peor performance del país había sido en 2015, cuando obtuvo solo 32 puntos sobre 100, y quedó en el puesto 107 sobre 168 países, mucho más cerca del final de la tabla que hoy.
El ranking global
En un calco de lo ocurrido el año pasado, el ranking global en 2020 lo lideran nuevamente Nueva Zelanda y Dinamarca con 88 puntos sobre 100, seguidos por Finlandia, Suecia, Suiza y Singapur, con 85. El top ten lo completan Noruega con 84, los Países Bajos (ex Holanda) con 82, y Alemania y Luxemburgo con 80.
Y también al igual que en 2019, los países percibidos como más corruptos de los 180 analizados son Sudán del Sur y Somalia con 12, Siria con 14 y Venezuela y Yemen con 15.
“Cerca de la mitad de los países llevan casi una década estancados en la misma posición dentro del índice, lo que sugiere que los esfuerzos de sus gobiernos para llegar a las causas primarias de la corrupción se han paralizado. Más de dos tercios tienen una puntuación por debajo de 50”, advirtió la ONG cuya sede central está en la ciudad alemana de Berlín.
Para TI, en 2020, “las actuaciones de emergencia en respuesta al COVID-19 han revelado profundas grietas tanto en los sistemas sanitarios como en las instituciones democráticas, poniendo de relieve que, en multitud de casos, las personas que están en el poder o controlan las finanzas del Estado sirven a sus propios intereses, en lugar de los de las personas más vulnerables. En la fase de recuperación tras la crisis, es esencial que la lucha contra la corrupción no se quede atrás en sus esfuerzos por lograr un resurgimiento justo y equitativo en toda la comunidad global”, concluyó TI al difundir el informe que acompaña el Índice.
Cómo se elabora el Índice
El IPC mide anualmente la percepción de la corrupción de empresarios y expertos pero sólo en relación a la conducta del sector público, o sea en el ámbito político y administrativo. Se calcula tomando 13 fuentes de datos de 12 instituciones que registran percepciones de corrupción en los últimos dos años, en base a encuestas de distintas instituciones internacionales realizadas a inversores y especialistas sobre cómo perciben la corrupción en el Estado.
Para incluir un país o territorio en el índice es necesario que haya sido evaluado por un mínimo de tres fuentes. La puntuación de cada país se determina calculando la media de todas las puntuaciones estandarizadas disponibles sobre ese país, redondeada a un número entero.
En el caso de Argentina, la medición se hizo en base a ocho encuestas de distintas entidades internacionales: el Índice de Transformación de la Fundación Bertelsmann, las Calificaciones de Riesgo País de Global Insight, el Anuario de Competitividad Mundial del International Institute for Management Development (IMD), The Economist Intelligence Unit Country Ratings, la Guía Internacional de Riesgo País de PRS Group, el Proyecto Variedades de Democracia, el Foro Económico Mundial EOS, y el Índice de Estado de Derecho del Proyecto Justicia Mundial.
Las preguntas se refieren, entre otros aspectos, a la existencia de sobornos, el desvío de fondos públicos, la falta de castigo penal o de protección a los denunciantes, los mecanismos para obtener contratos con el Estado, la prevención de los conflictos de interés por parte de funcionarios y el acceso a información por parte de los ciudadanos a asuntos públicos, entre otros aspectos.
Infobae .-
