A través de un comunicado, comunidades originarias, organizaciones locales y actores vinculados al desarrollo de la Puna salteña expresaron su “profunda preocupación” por el rumbo del modelo minero en Salta.
Denunciaron incumplimientos de la Ley Provincial de Promoción Minera N° 8.164, irregularidades en el Registro de Proveedores Mineros, prácticas empresariales desleales, presiones sindicales y la “destrucción progresiva” de un modelo articulado entre comunidades, Estado y empresas.
También cuestionaron el último proceso electoral de la Cámara de Proveedores Mineros, al que calificaron de fraudulento.
Cristian Cabero, vocero, declaró a FM Capital: “Queremos un desarrollo minero justo (…) Hay gente que presta su nombre para traer empresas de Buenos Aires, aparecen como proveedores locales pero no lo son. También nos vemos amenazados por las presiones del sindicato”.
Los firmantes exigieron al gobierno provincial una auditoría, la revisión de la ley y medidas urgentes para recuperar un modelo minero basado en la equidad y el respeto por las comunidades.
