El fiscal Sergio Federico Obeid, pidió que se revoque el fallo que impidió el secuestro de documentación que el Arzobispado se niega a entregar.
En este sentido y según informaron desde el Ministerio Público, el fiscal resaltó el valor de esa prueba, descartó que existan impedimentos legales y citó la directriz de “tolerancia cero” contra los curas abusadores establecida por el Papa Francisco.
La presentación se hizo en el marco de la investigación que se lleva adelante contra el ex párroco de Rosario de Lerma, Emilio Raimundo Lamas por delitos de índole sexual en contra de un ex monaguillo y de una mujer que denunció haber sido abusada en su adolescencia.
A partir de esto, a Lamas se le imputaron los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado por ser el hecho cometido por un sacerdote y por la guarda y por abuso sexual simple agravado respecto a la denuncia del ex monaguillo y por el segundo hecho denunciado, el ex sacerdote fue acusado de corrupción de menores.
Al abrir la investigación, la Fiscalía solicitó al Arzobispado de Salta, con sede en calle España 596, copias del juicio canónico seguido contra Lamas por los abusos denunciados por el ex monaguillo pero el arzobispo Mario Antonio Cargnello se negó a aportar tal prueba y aludió que un acuerdo entre la Santa Sede y el Estado Argentino, firmado en 1966, le impedía entregar tal documentación.
Este argumento fue compartido por la jueza de Garantías, Claudia Puertas, quien interviene en la causa y rechazó el pedido de allanamiento del Arzobispado para el secuestro de dicha documentación, medida que había sido requerida desde la fiscalía tras la negativa de Cargnello a entregar dichos documentos.
No obstante, Obeid volvió a insistir con el pedido allanamiento y secuestro de la documentación, ya que el protocolo interno de la Iglesia para el juicio canónico establece que al momento de la apelación del sacerdote juzgado a la Congregación para la Doctrina de la Fe (CDF), con sede en el Vaticano, sólo se remiten copias de las actuaciones.
Por ello el fiscal reiteró que no existe impedimento físico para la obtención de dicha prueba. En tal sentido, interpuso un recurso mediante el cual solicitó que la resolución de la jueza Puertas sea revocada y se ordene la medida judicial (allanamiento y secuestro) tendiente a la obtención de dichos documentos.
