A partir de hoy entra en vigencia la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública que obliga a los tres poderes del Estado a informar sobre sus acciones.
Este instrumento legal constituye un avance en materia de transparencia estatal -luego de años de intentos parlamentarios fallidos- porque se apoya en el derecho de toda persona a conocer la manera en que sus gobernantes, representantes y funcionarios cumplen sus funciones y el destino que otorgan al dinero público.
En concreto, cualquier ciudadano podrá solicitar información al Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial, y deberá tener una respuesta adecuada en un lapso no mayor a 15 días, prorrogables por otros 15. En caso de que eso no ocurra, el solicitante podrá reclamar por vía administrativa y/o judicial. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado tiene el deber de asegurar la transparencia de su gestión y no sólo debe responder ante pedidos de información por parte de los ciudadanos, sino también difundir activamente los datos relevantes.
¿Cumplirán con esta ley?
