Elisa Carrió no podrá ampararse en sus fueros como diputada nacional ante la demanda civil que le inició por daños y perjuicios el administrador general de la Corte Suprema, Héctor Daniel Marchi. Así lo determinó un falló de la Sala B de la Cámara Civil ante la estrategia de la legisladora para anular la denuncia en su contra tras la serie de imputaciones que le había hecho al funcionario.
Carrió y el secretario de Fortalecimiento Institucional de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Fernando Sánchez denunciaron al entonces titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, y a Marchi el 13 de enero de 2016 por enriquecimiento ilícito ante el juez Sergio Torres, que fue luego archivada por “inexistencia de delito”.
Marchi los demandó civilmente un año después, cuando Lilita apuró un pedido de juicio político y mantuvo un cruce de cartas documento con Lorenzetti. Pero pese a que sostuvo públicamente que no se ampararía en sus fueros, Carrió se defendió argumentando que sus dichos estaban amparados en su función como legisladora.
Sin embargo, explica Gabriel Morini en ámbito.com, la Justicia rechazó la “inmunidad parlamentaria” que interpuso Carrió e incluyó a Sánchez. Ahora quedaron expuestos a ser investigados sobre si plantearon una falsa denuncia y montaron una “operación de prensa”. A fines de noviembre, los cinco ministros desecharon el pedido de auditoría que a través de una nota Carrió entregó en mano a Carlos Rosenkrantz para que se revisen las cuentas del máximo Tribunal.
