La orden que impone duras medidas anticovid-19 en Madrid pese a la oposición de las autoridades locales fue publicada este jueves en el boletín oficial del Estado, donde se afirma que es de “obligado cumplimiento” y da 48 horas para implementarla.
El gobierno anunció la noche del miércoles esta orden, aprobada por 13 de las 19 regiones y ciudades autónomas de España, que en la práctica amplía a la capital, de 3,2 millones de habitantes, y otros municipios restricciones ya vigentes desde la semana pasada en algunas zonas de la región de Madrid, epicentro de la epidemia en el país y la región europea donde la segunda ola de coronavirus se está expandiendo con mayor rapidez.
Ni Madrid ni su gobierno autónomo están en rebeldía, subrayó la presidenta regional, la conservadora Isabel Díaz Ayuso, que acatará “todas las órdenes” del Ejecutivo de la nación. Sin embargo, ha avisado que irá a los tribunales.
“Esta comunidad no está en rebeldía, este Gobierno no está en rebeldía y cumplirá todas las ordenes de manera estricta porque no somos como sus socios independentistas. Ahora eso sí iremos a los tribunales nuevamente como hicimos con el pase de fase”, dijo este jueves Díaz Ayuso, en su intervención en el Pleno de la Asamblea de Madrid, dirigiéndose al PSOE.
El gobierno de Sánchez desea que Madrid adopte medidas más estrictas no sólo focalizadas en los vecindarios de clase trabajadora, como ocurre con las actuales restricciones en las partes de la ciudad que tienen las tasas de contagio más altas. Pero el gobierno de centro-derecha de Madrid se resiste a una restricción parcial de actividades en toda la ciudad con el argumento de que no desea mayores daños a la economía.
Díaz Ayuso dijo que su gobierno buscará “defender los intereses legítimos de los madrileños y que las medidas se ajusten a la normativa, a la realidad, que sean objetivas y justas” porque sino se volverá a esas “colas del hambre y del paro” que la izquierda multiplica “por defecto”.
Pero el ejecutivo regional de Madrid, que dirigido por la derecha mantiene un pulso con el gobierno central de izquierda, rechazó el plan del ejecutivo, que impone medidas más estrictas a la movilidad y límites a las reuniones sociales en la capital y sus suburbios, profundizando una confrontación interna en torno a las acciones contra la pandemia.
