El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, recibió a familiares de personas que fallecieron en circunstancias vinculadas con el accionar y operativos policiales. Pidieron cambios de carátula, agilización y suma de pericias e información sobre el estado de las causas.
Los familiares manifestaron su preocupación ante el Procurador al considerar que existen elementos en común que unen todos los casos y que no se tratan de hechos aislados entre sí. En cambio, sostuvieron que el accionar policial en todos ellos, tuvo elementos conexos y puntuales, que habrían desencadenado en la muerte de las víctimas. Y pidieron que todos esos elementos en común, -que coinciden desde que se producen las detenciones de las víctimas, durante los procedimientos y hasta que se imputa a los efectivos policiales-, se tomen en cuenta en las investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público Fiscal. Además pidieron que se reviertan las prisiones domiciliarias de policías, decisión judicial que fue apelada por la fiscal interviniente en el caso Gallardo.
El Procurador lamentó que uno de los motores para decidir profundos cambios en la organización -del Ministerio Público Fiscal, en general, y del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, en particular-, haya sido “la desgracia que padece cada una de las familias de las víctimas”. Relató cómo siguió cada uno de los casos y reclamos durante los cuatro meses que lleva de gestión y la forma en la que la disconformidad con los resultados de las autopsias manifestada por los familiares, entre otros puntos de las investigaciones, lo impulsó a tomar decisiones de fondo.
En otro sentido, Cornejo orientó a las familias sobre las facultades atinentes al MPF y el Poder Judicial de la Provincia, e insistió en que el otorgamiento de prisiones domiciliarias y otras medidas vinculadas con detenciones, no corresponden a este Ministerio.
Los casos
Jorge David Farfán Vera, de 24 años, falleció el 8 de febrero pasado, cuando era ser trasladado por personal policial a la Comisaría 12, en la zona sur de la ciudad. Actualmente interviene la fiscal Verónica Simesen de Bielke, quien ordenó una Junta Médica para analizar el informe de autopsia efectuado por el Servicio de Medicina Legal del CIF y el informe que realizó un perito de parte. El pedido se hizo por las discordancias observadas por la familia de la víctima. La Junta confirmó que el deceso se produjo por infarto agudo de miocardio. No hay imputados.
Martín Rodrigo Carreras, de 23 años, murió el 21 de junio pasado cuando era trasladado a una dependencia policial. La autopsia reveló que falleció por asfixia restrictiva por delirio agitado. Interviene la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio, quien imputó a los sargentos Alberto Gabriel Figueroa, Gonzalo Robustiano Delgado y Rubén Esquivel y al cabo José Oscar Santos por los delitos de homicidio culposo e incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso real.
David Alfonzo Neri Ovejero, de 44 años, murió el 22 de junio pasado, cuando dos familias se disputaban la titularidad de un terreno ubicado en Villa Floresta e intervino la Policía. La víctima se descompensó y murió como consecuencia de las maniobras ejercidas por los policías para reducirlo. La fiscal María Luján Sodero Calvet imputó por el delito de homicidio culposo al oficial Ángel Peralta, el cabo Emanuel Liendro y el agente Maximiliano Mansilla y pidió el mantenimiento de la detención de los tres.
Cristian Exequiel Gallardo, de 23 años, murió el 26 de agosto pasado, en jurisdicción de la Comisaría 10 de barrio Santa Cecilia. Falleció cuando era trasladado por personal policial tras haber sido demorado. Actualmente interviene la fiscal penal, Ana Inés Salinas Odorisio, quien apeló el beneficio de prisión domiciliaria otorgado por el Juzgado de Garantías 7 a los policías Ricardo Llaves, Jorge Olea, Ricardo López y Lucas Ozuna. Están acusados de homicidio culposo. La imputación se agravará este miércoles.
