POLÍTICA

#Editorial

Marche preso: El acuerdo con los bagayeros es ilegal y tiene una pena de hasta ocho años de cárcel

El Código Aduanero prohibe el convenio sellado con los contrabandistas

"Trabajador de frontera", "bagayero", eufemismos para no utilizar la palabra que corresponde DELINCUENTE, que además sumaron a su delito a funcionarios provinciales, nacionales y a un obispo.

Resulta que el acuerdo firmado por los contrabandistas con funcionarios nacionales y provinciales va en contra del artículo 863 del Código Aduanero.

"Será reprimido con prisión de DOS (2) a OCHO (8) años el que, por cualquier acto u omisión, impidiere o dificultare, mediante ardid o engaño, el adecuado ejercicio de las funciones que las leyes acuerdan al servicio aduanero para el control sobre las importaciones y las exportaciones", reza la norma que regula la entrada de mercadería a nuestro país.

El inciso B del artículo indica:  "Realizare cualquier acción u omisión que impidiere o dificultare el control del servicio aduanero con el propósito de someter a la mercadería a un tratamiento aduanero o fiscal distinto al que correspondiere, a los fines de su importación o de su exportación".

Justamente este acuerdo somete a la mercadería que se ingresa ilegalmente al país a un tratamiendo aduanero y fiscal distinto, es decir que no cabe la más mínima duda que el acuerdo rubricado es abiertamente ilegal y suceptible de penas que podrían poner hasta a un obispo tras las rejas.

La excusa de la falta de trabajo no puede ser causal del incumplimiento de leyes nacionales. El convenio les permitiría a los contrabandistas (sí, ese es el nombre con el que debemos llamarlos) traer hasta dos bultos de mercadería ilegal por viaje o por día, nunca quedó muy claro.

Los vendedores de drogas de mi barrio, también son desocupados. ¿Qué sigue? vamos a permitirles a los dealers vender sólo 10 gramos de cocaína por día.

Hay que ser claros, el contrabando genera la desocupación de la que tanto se quejan, el comercio y las Pymes que son afectadas por los delincuentes que pasan mercadería ilegal son los mayores productores de empleo del país. O sea, que el estado para combatir el desempleo, amparó un delito que genera más desocupación, si a alguien le parece lógico que me lo explique.  

El derecho consuetudinario permite que una costumbre se convierta en norma por el uso continuado, pero eso siempre y cuando no se afecten los derechos de terceros. En este caso, los derechos de comerciantes, los de fabricantes, distribuidores y otros del rubro textil están sumamente afectados, por un delito ahora amparado por el estado.

Por ahora, sin ninguna esperanza espero (vale la redundancia), que alguien denuncie a todos los que participaron de esta maniobra, incluido al obispo Gustavo Zanchetta, para que la ley deje caer la espada sobre ellos. Claro, en un país donde políticos se robaron un PBI, los contrabandistas fueron legalizados y decenas de curas fueron acusados y condenados por abuso y jamás pisaron un penal, mi esperanza, espera en vano, vale la redundancia y la decepción.   

 Diego Nofal

Para FM Capital   



Deportes

Insólito

Espectáculos