La cámara de diputados de la nación aprobó el miércoles pasado de manera general el proyecto de ley de responsabilidad empresarial que establece sanciones para delitos cometidos contra la administración pública y por cohecho transnacional, que reclama el Ejecutivo.
El proyecto había sido aprobado en general y hoy se rechazó un punto en particular, el artículo 37 fue rechazado con 130 votos en contra y 88 a favor. El mismo proponía que las empresas involucradas en casos de corrupción podían hacer "acuerdos administrativos" con el Poder Ejecutivo para brindar información sin intervención de la Justicia. Desde la oposición lo tildaron de inconstitucional y acusaron al Gobierno de querer "atribuirse cuestiones que no le pertenecen".
En este sentido el diputado nacional por salta Javier David aseguró que "con esta ley se va a penar no solo a las personas sino a toda las empresas, con sanciones como multa o clausuras".
Además explicó que “lo que prevé la iniciativa es condenar a personas jurídicas (empresas), que los involucrados puedan ser multados y el dinero se destinará a la educación y a la salud, y que las empresas pueden llegar a un acuerdo a cambio de información”.
