Se cumplieron 14 meses desde aquel sorteo en el que fueron beneficiadas familias que hasta el día de hoy continúan sin saber a ciencia cierta cual será su futuro o si al fin podrán concretar el tan anhelado sueño de la casa propia.
A través de un duro comunicado, estas familias dieron a conocer cual es su situación actual y reclamaron por algunas condiciones que les impone el Banco Santander Río.
Además, pidieron, entre otras cosas, que los créditos otorgados bajo la modalidad UVA se ajusten por salario y no por inflación y a su vez que se respeten las tasas de interés vigentes al momento de inscripción.
El comunicado:
Más de un año, 14 largos meses, sin respuestas y solos frente a un silencio atronador. Así estamos las más de 500 familias salteñas sorteadas en el plan nacional de viviendas ProCreAr que comenzamos a vivir un sueño en agosto del 2017 y, con el corazón acelerado frente a la oportunidad de alcanzar nuestro primer techo propio, hoy enfrentamos una pesadilla.
En este largo año enfrentamos la mentira y la indiferencia y hasta la injusticia de tener que afrontar condiciones crediticias diferentes a las del resto del país, quizás porque somos del norte, porque somos salteños, y porque no definimos una elección o sencillamente porque no le importamos a las autoridades nacionales.
El responsable del ProCreAr, Iván Kerr, jamás recibió a los beneficiarios para dar una mísera explicación sobre las demoras en los trámites y los problemas que ya evidencian, por estar tanto tiempo deshabitadas, nuestras viviendas. En su momento, desde el gobierno nacional responsabilizaron a la administración salteña que deslindó responsabilidades y marcó la falta de celeridad de la gestión nacional. Las mismas autoridades que parecen responder solamente al vocero en la provincia del gobierno de Cambiemos, el ex periodista devenido en diputado Martín Grande, quienes juntos dijeron y se desmintieron, prometieron y nunca jamás cumplieron, pero ya no soportamos tanta falsedad.
La lucha de nuestras 500 familias se asienta, desde un comienzo en 3 pilares justos y del más absoluto sentido común frente a la gravísima situación económica que vivimos los argentinos.
En primer lugar, solicitamos que los créditos otorgados bajo la modalidad UVA (Unidad de Valor Adquisitivo) se ajusten por salario y no por inflación. Un docente, por caso, al que el gobierno le otorga un incremento salarial del 15% no puede afrontar el aumento del 45% en su cuota hipotecaria.
En segundo lugar, reclamamos que se respeten las tasas de interés vigentes al momento de inscripción en el ProCreAr. Los beneficiarios hicieron sus proyecciones, ya bajo condiciones económicas difíciles, y aceptaron una cuota compuesta con una tasa fija del 3,5% más las actualizaciones UVAs y, ahora después de un año, el gobierno nacional determinó de manera unilateral llevar esas tasas a casi el 8%. Las dificultades económicas que enfrenta el país son de absoluta culpa y responsabilidad del gobierno nacional y, en ningún caso, de quienes de buena fe y con mucho esfuerzo confiaron en el plan oficial de viviendas. Pero esta suba parece que la vamos a sufrir solamente en nuestros pagos, pues en Buenos Aires, Córdoba, Rosario, siguen manteniendo las mismas tasas que hoy nos niegan en el norte.
Denunciamos que los habitantes de Salta parecemos no ser parte de la Argentina. Iván Kerr y los directivos del ProCreAr decidieron otra vez de manera unilateral e inconsulta cambiar la modalidad del fideicomiso financiero oficial y entregaron la gestión crediticia de estas viviendas sociales a bancos privados y en Salta, por caso, nos trasladaron al Banco Santander Río. Pero, obvio, ningún banco privado financia el 100% de una vivienda hipotecaria y, entonces, se incrementó el valor de las casas en un 30%. Peor aún, el Banco Santander Río exige adelantos en efectivo y, en caso de imposibilidad de entregarlo, ofrece un segundo crédito con condiciones (montos, plazos tasas y gastos administrativos) de mercado y muy por encima de las establecidas originalmente por el ProCreAr.
Como muestra más del brutal cambio de las condiciones acordadas, denunciamos que la nueva entidad bancaria exige a los beneficiarios el pago en efectivo de los gastos de certificación que, de acuerdo a operadores de la actividad inmobiliaria, pueden llegar a los $200 mil. Por ello reclamamos la participación de la Escribanía General del Gobierno de Salta, en condiciones de equidad y razonabilidad, en la realización de todo trámite legal pertinente.
En todo este tiempo las 500 familias salteñas desatendidas y abandonadas por las autoridades nacionales fuimos recibidas por el gobernador Juan Manuel Urtubey, el vicegobernador Miguel Isa, el intendente Gustavo Saenz, los senadores nacionales Juan Carlos Romero, Cristina Fiore y Rodolfo Urtubey, los diputados nacionales Pablo Kosiner, Javier David, Sergio Leavy, Alfredo Olmedo y Andrés Zottos. El Concejo Deliberante de Salta respaldó nuestro reclamo con la aprobación por unanimidad de una Ordenanza de Declaración y lo propio hicieron los legisladores nacionales que presentaron 3 proyectos de Declaración en Diputados y otro similar en el Senado. Agotamos la vía administrativa con respaldo de la Secretaría de Defensa del Consumidor y llegamos ante el Poder Judicial donde, sin explicación alguna, el Banco Santander Río eludió la convocatoria.
En estos largos, larguísimos, 14 meses el funcionario Iván Kerr hizo oídos sordos al pedido de más de 500 familias que aspiran a su primera vivienda en la zona del Grand Bourg, en el oeste de la Ciudad de Salta, en Talavera y en Tartagal, en el confín norte de la Argentina y con insoportable soberbia desoyó a toda autoridad política de la provincia que alzó su voz para reclamar federalismo. Frente al comportamiento de este burócrata, cómodo en un despacho de Buenos Aires, denunciamos la absoluta inexistencia de federalismo en el país y advertimos que los salteños no toleraremos ni un día más ser considerados ciudadanos de cuarta categoría en la Argentina.
