Un día después de que el presidente Mauricio Macri anunciara la firma del decreto de necesidad y urgencia (DNU) sobre la extinción de dominio, la norma fue publicada en el Boletín Oficial por lo que ya entró en vigencia. Esta acción del Gobierno apunta a agilizar la recuperación de los bienes que provienen de delitos graves como la corrupción, el narcotráfico y la trata de personas.
Se trata del Decreto 62/2019, que está pendiente de aprobación en el Congreso. La resolución determina la recuperación del patrimonio que se presume que proviene de la comisión de delitos graves como corrupción, narcotráfico, trata de personas, secuestro y terrorismo, entre otros, cuyos responsables no puedan probar su origen lícito.
El decreto habilita la creación de una procuraduría de extinción de dominio a favor del Estado Nacional (PEDEN) que funcionará dentro de la estructura de la Procuración General de la Nación. Este organismo impulsará las investigaciones preliminares junto con los fiscales, presentará las demandas e impulsará las acciones.
Los bienes alcanzados por la nueva acción civil son todos aquellos susceptibles de valoración económica, mueble o inmueble, tangible o intangible, registrable o no, los documentos o instrumentos jurídicos que acrediten propiedad y otros derechos o cualquier otro activo susceptible de apreciación pecuniaria. Incluye los ingresos, rentas, frutos, ganancias y otros beneficios derivados de los bienes mencionados.
Durante el anuncio en Casa Rosada, según publica TN, el Presidente dijo que "no da lo mismo hacer las cosas bien que hacerlas por fuera de la ley" y que "los criminales tienen que devolver hasta el último bien que se llevaron ilegítimamente". "Que sepan que en la Argentina hoy el que las hace, las paga", remarcó.
