De acuerdo a documentos que tuvo acceso diario La Nación, sobre la causa Odebrecht, unos 20 millones de dólares habrían sido abonados para el proyecto de soterramiento del tren Sarmiento. Así mismo lo confesó Marcelo Odebrecht.
El empresario confirmó, así, la operatoria delictual que desplegó su compañía en el país, al reconocer que las siglas "DGI" que aparecen en múltiples documentos internos de la constructora no aludían a la Dirección General Impositiva local, sino que eran un eufemismo para esconder los pagos de coimas.
Anotar "DGI" en un memo, explicó Odebrecht a sus interrogadores, implicaba haber asumido "compromisos políticos", afrontar "favores", "contribuciones", "pagos a agentes públicos", "donaciones" u otros rubros ilícitos que terminaban incorporándose a los costos finales de cada contrato.
Marcelo Odebrecht no aportó los nombres de quienes recibieron esos pagos ilegales en la Argentina, y tampoco los montos. Aclaró a sus interrogadores que él "delegaba mucho" cuando se trataba de operaciones en el exterior.
Pero otros ejecutivos de la compañía que también se acogieron al régimen de delación premiada aportaron algunas piezas faltantes del rompecabezas hasta redondear una cifra cercana a US$ 20 millones para quedarse con el contrato para soterrar el Sarmiento, en pleno kirchnerismo.
Condenado a 19 años y 4 meses de prisión por el juez federal brasileño Sergio Moro, Marcelo Odebrecht también aludió a la imposición de ciertos "socios locales" por parte del gobierno kirchnerista como condición ineludible para pujar con chances por contratos millonarios.
En algunos países, explicó el ahora delator premiado, las empresas estaban "obligadas" a recurrir a socios locales. Y señaló a la Argentina, en particular, como un territorio donde esa práctica y la contratación de lobbistas eran indispensables. Esas firmas y esos operadores locales, dijo, tenían los "accesos políticos" y los contactos para canalizar cualquier pedido.
