Un productor agropecuario fue condenado por “desobediencia judicial” en un fallo sin precedentes en Argentina. A la sentencia, le siguió una demanda civil millonaria que tras una compleja conciliación homologada por la jueza Claudia Yance, permitirá ahora la recuperación total del bosque arrasado.
El plan de reforestación acordado con Juan José Karlen, se enmarca en tendencias internacionales que buscan efectividad ecológica y social en las recomposiciones ambientales. El proyecto conciliatorio, revisado y homologado por el Juzgado Civil de Tartagal, a cargo de la jueza Claudia Yance, es el resultado de una larga y compleja conciliación entre el demandado y la Procuración General.
En el acuerdo, Karlen cedió sus pretensiones agropecuarias sobre las 11 mil hectáreas desmontadas clandestinamente (superficie equivalente a la mitad de la extensión de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y convino con la Procuración General un plan de recomposición ambiental que abarcará toda la finca y se extenderá en el tiempo por 30 años.
Entre otros objetivos, se contempla por dicho lapso de tiempo un vivero con 120 mil ejemplares por temporada, los que servirán para la forestación del bosque arrasado. Se calcula la plantación de entre 200 a 245 árboles nativos por cada hectárea, como así también una importante inversión en materia social, la que incluye a miembros de comunidades aborígenes y criollos.
Asimismo, se establece que, en caso de violar el acuerdo, la finca quedará afectada hasta su total recomposición natural como área protegida privada.
Cabe recordar, que los estudios periciales habían determinado que el bosque de la finca, previo al desmonte, presentaba una “densidad Arbórea de 245 ejemplares por hectárea y un Área Basal de 10.7 m2/ha. Considerando estos parámetros y respecto a los valores de referencia del Bosque Chaqueño Occidental (Balducci y Eliano; 2012), se puede decir que estaba clasificado como en estado BUENO”.
